Innovar las Políticas Públicas para contribuir a la Soberanía y Seguridad Alimentaria

PorManrrubio Muñoz Rodríguez

Innovar las Políticas Públicas para contribuir a la Soberanía y Seguridad Alimentaria

¿Cómo alcanzar la soberanía y seguridad alimentaria a través de la innovación de las políticas públicas basadas en evidencia?

A tomar en cuenta:

Investigaciones y evaluaciones, en temas de gasto público y políticas públicas, realizadas por organismos internacionales e investigadores1,4,11,12,17 han concluido que entre el conjunto de países de América Latina y el Caribe, México registra el mayor gasto público agropecuario en relación al PIB sectorial, pero figura en el grupo de los países con el menor crecimiento del sector. Es decir, ¡somos los que más gastamos, pero los que menos crecemos y menor seguridad alimentaria tenemos!.

Esta ineficiencia del gasto público se explica, en gran medida, por una baja coordinación interinstitucional y la fuerte orientación a la demanda del gasto público, lo cual implica priorizar resultados administrativos y políticos, antes que productivos-ambientales-organizativos y comerciales. Este arreglo institucional se instauró desde 1996 con la Alianza para el Campo, y ha descansado en tres pilares básicos: descentralización, co-financiamiento entre los gobiernos estatales y federal y atención a la demanda.

El hecho de que una parte significativa del gasto público esté orientado por la demanda, implica un escaso esfuerzo de análisis y diseño de una política pública con foco en la provisión de bienes públicos, es decir, en la atención de los problemas colectivos que se acumulan por doquier, tales como la gestión de riesgos, el extensionismo y la innovación, el desarrollo organizacional, el desarrollo de mercados y la promoción genérica, la investigación, la sanidad e inocuidad alimentaria, la información de mercados, la infraestructura de caminos y riego, la seguridad alimentaria, la erosión y salinidad de suelos, entre otros, a los cuales solo se destina 20% del gasto público total17. Asimismo, el gasto público hacia el campo se caracteriza por su fuerte orientación clientelar y corporativo, además de su carácter altamente regresivo: 10% de los productores más grandes concentran 80% de los apoyos a la comercialización, 60% de los subsidios energéticos e hídricos, 55% de los apoyos para la adquisición de activos productivos de los programas de Desarrollo Rural y 45% de Procampo14.

 

Qué hacer?

Esta situación plantea la necesidad de emprender un proceso de mejora incremental de las políticas públicas vigentes9 y transitar a una nueva generación de políticas públicas caracterizada por el debate analítico y argumentación en todo el proceso, desde la identificación del problema a partir de un sólido diagnóstico, hasta la formulación e implementación de una política que atienda el problema identificado10,12,13. Esto también implica verificar el éxito o fracaso de políticas en marcha. Lo que se persigue es que prive el interés público y los méritos de la evidencia que soporta el complejo causal de un problema público y de la alternativa elegida para su solución.

A este enfoque se le ha denominado políticas basadas en la evidencia (PBE)5,6,7,15, entendidas como un conjunto de métodos que buscan aportar información al proceso de políticas, más que uno que intenta directamente tener un efecto en los objetivos finales de la política. El objetivo de las PBE se basa en la premisa de que las decisiones políticas deben estar mejor informadas a partir de la evidencia disponible y considera que las políticas y prácticas basadas en la evidencia sistemática han producido mejores resultados que las soportadas en lo que se conoce como las 4ies: inercia, ideología, ignorancia e intereses2.

 

Nuestro enfoque:

Las políticas públicas son un conjunto de decisiones de carácter público que atraviesan un proceso que va desde el establecimiento de la problemática a resolver, hasta su procesamiento y conversión en decisiones de autoridad por la vía que marcan las reglas de funcionamiento del propio sistema político. Por lo tanto, una parte esencial de este proceso es la formación de una agenda, la cual es el conjunto de cosas que han de ser llevadas a cabo. Existen tres tipos de agenda3: 1) la pública, definida por el conjunto de temas que distintos grupos de la sociedad buscan posicionar, 2) la política, integrada por actores políticos cuyos recursos, facultades y poder les permite lograr la preferencia en el debate13, y 3) la gubernamental, conjunto de prioridades que un gobierno constituido busca materializar en su mandato. ¿Cómo un determinado asunto o cuestión pasa a formar parte de la agenda gubernamental?.

Las políticas públicas surgen como resultado de la convergencia de una corriente que identifica problemas, una que discute y plantea alternativas de solución y otra que prioriza las posibilidades políticas de una idea. Cada corriente desencadena sus propios procesos, con sus propios actores y crea sus propias dinámicas. El principal supuesto de este enfoque es que hay mayores probabilidades para el surgimiento de una política pública cuando un problema es reconocido, hay una solución disponible y el ambiente político es favorable8,13,16.

Políticas Públicas Basadas en la Evidencia

En el programa Innovación de P. P. Agroalimentarias Basadas en la Evidencia te ofrecemos los conocimientos y las herramientas analíticas para reunir la mejor evidencia disponible que te permita aprovechar las ventanas de oportunidad para lograr el enganche entre el problema, las políticas y la política, y de esta manera contribuyas a mejorar la calidad del gasto público destinado al campo mexicano, lo cual significa incidir en la solución de los problemas que aquejan al sector agroalimentario. La mejor garantía para que ello ocurra, está en el hecho de que los formadores con los que tendrás contacto se distinguen por la diversidad de disciplinas en las que se han formado, así como por su involucramiento directo en el proceso de comprensión e influencia del proceso político16, a lo largo de más de 20 años en temas tan variados como la seguridad alimentaria, crédito rural y seguro, extensionismo e innovación, sanidad e inocuidad alimentaria, gestión de sistemas producto, desarrollo organizacional, investigación y transferencia de tecnología, promoción genérica, legislación y presupuestación, comercialización, obras de uso y conservación de recursos naturales, tecnificación de unidades de producción, entre otros.

 

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Referencias:

  1. Banco Mundial. 2009. “Análisis del gasto público en el desarrollo agrícola y rural”. Informe No. 51902-MX, México: Banco Mundial.
  2. Banerjee y Duflo. 2012. Repensar la pobreza: un giro radical en la lucha contra la desigualdad global. Taurus, Bogotá, Colombia.
  3. Casar, M. y Maldonado, C. 2010. Formación de agenda y procesos de toma de decisiones: una aproximación desde la ciencia política, en Merino y Cejudo (comps.) Problemas, decisiones y soluciones, México: CFE-CIDE.
  4. FAO. 2007. “Análisis integral del gasto público agropecuario en México”, disponible en evalalianza.org.mx.
  5. Head, B. 2008. Three Lenses of Evidence-Based Policy, The Australian Journal of Public Administration, (67)1:1–11
  6. Head, B. 2010. Reconsidering evidence-based policy: Key issues and challenges Policy and Society (29):77–94
  7. Jennings Jr. y Hall. 2011. Evidence-Based Practice and the Use of Information in State Agency Decision Making. Journal of Public Administration Research and Theory (22):245–266
  8. Kingdon, J. 1995. Agendas, Alternatives and Public Policies, Second Edition, Longman. New York.
  9. Lindblom. 1959. The science of muddling trough, en Public Administration Review (19)2:79-88.
  10. Majone, G. 2011. Evidencia, argumentación y persuasión en la formulación de políticas, México: Fondo de Cultura Económica.
  11. OCDE. 2007. Política agropecuaria y pesquera en México: logros recientes, continuación de las reformas. OCDE: Paris.
  12. SAGARPA-FAO. 2012. Diagnóstico del sector rural y pesquero: identificación de la problemática del sector agropecuario y pesquero de México, México: SAGARPA.
  13. Scartascini, C., Spiller, P., y otros. (eds). 2011. El juego político en América Latina: ¿Cómo se deciden las políticas públicas? Banco Interamericano de Desarrollo.
  14. Scott, J. 2011. Pobreza rural y gasto público para el campo: desarrollo social y apoyos agrícolas. Ponencia presentada ante la Comisión Especial de Seguimiento a las Evaluaciones de los Programas que conforman el Programa Especial Concurrente para el Campo, Cámara de Diputados. Disponible en: diputados.gob.mx/camara/content/download/258798/…/CIDEDRSCOTT.pdf
  15. Sutcliffe, S., and Court, J. 2005. Evidence-Based Policymaking: What is it? How does it work? What relevance for developing countries? Overseas Development Institute
  16. Weible, Ch., Heikkila , T., De Leon, P. 2012. Understanding and influencing the policy process Policy Sci (45): 1-21.
  17. Zavala-Pineda y Leos Rodríguez, 2015. Las transferencias agrarias en México y su efecto en el sector agropecuario. Economía Agraria y Recursos Naturales. 15 (2):31-49

 

About the author

Manrrubio Muñoz Rodríguez author

- Doctor en Problemas Económicos Agroindustriales por la Universidad Autónoma Chapingo, con Especialización en Marketing y Desarrollo Organizacional por el ITAM y Especialización en el uso del método de casos por el INCAE-IPADE.

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